Manifiesto
por las libertades públicas,
por el respeto al pluralismo
y por la participación ciudadana.
Los abajo firmantes, ciudadanos e integrantes del tejido social y cultural de la ciudad, a través de la campaña “Que no nos callen”, quieren ofrecer una respuesta ciudadana no partidista a la progresiva restricción de derechos ciudadanos básicos, a la gestión autoritaria y antidemocrática que se está realizando de la pluralidad ciudadana, a los obstáculos impuestos a las iniciativas sociales y culturales para desarrollarse y a la falta de mecanismos de participación ciudadana real. Consideramos además que la vitalidad social y cultural de la ciudad se está resintiendo gravemente por la estrategia intencionada por acabar o al menos obstaculizar la acción de todos los grupos ciudadanos no afines y las expresiones culturales autónomas.
Varias son las expresiones concretas de esta estrategia que nos preocupan:
1.- La aprobación de normas claramente restrictivas de los derechos cívicos, incorporadas subrepticiamente en supuestos instrumentos para la convivencia o de prevención del vandalismo. La recientemente aprobada Ordenanza de Convivencia y de Protección del Entorno urbano ha supuesto:
- La prohibición genérica de la colocación de carteles y reparto de octavillas en las calles (o en tu casa) sin habilitar ningún espacio alternativo. Cualquiera en esta ciudad que tenga que anunciar una conferencia, concierto u otro acto cultural tiene que salvar una carrera de obstáculos difícilmente franqueable, lo que está suponiendo en la práctica una merma muy importante en la libre difusión de ideas y propuestas necesarias para la dinamización ciudadana.
- La posibilidad de exigir una fianza previa para la realización de cualquier espectáculo o acto en la calle o en un recinto público está disuadiendo a los colectivos en su empeño de organizar cualquier actividad ante el temor de no poder asumir los costes de la fianza previa, lesionando además el derecho básico de reunión recogido en el artículo 14 de la Constitución, para el que no es necesario autorización administrativa.
2.- La arbitrariedad y la discrecionalidad como instrumentos para la adopción de decisiones que afectan a derechos ciudadanos básicos. Cualquier persona que quiera hacer una actividad cultural en la calle, un acto social en un recinto municipal, solicitar un escenario al ayuntamiento, colocar una mesa informativa tiene que someterse a una autorización no sujeta a norma alguna. En muchos casos, la prohibición de hecho se camufla dilatando en el tiempo la autorización para hacer imposible el ejercicio de lo solicitado. En otros casos nos encontramos con arbitrariedades, como en la aplicación de la normas de prohibición de colocación de carteles, al parecer sólo aplicable con singular dureza (incautaciones de material, registros e identificaciones) a colectivos críticos (Asamblea Vivienda Signa, Plataforma Refinería No,…), mientras las paredes se pueblan sin rubor de carteles institucionales.
3.- El reparto de las subvenciones y ayudas públicas ha corrido la misma suerte arbitraria y sectaria para completar el objetivo de castigar o premiar las fidelidades. Sorteando la Ley General de Subvenciones, que obliga a someter las ayudas públicas al sistema de concurrencia competitiva (o dicho de otro modo, otorgar las subvenciones sobre los principio de reparto abierto, con publicidad y con criterios objetivo de reparto de fondos), este ayuntamiento utiliza la mitad de esta partida para subvenciones directas, “a dedo”, no sometidas a ese principio. Especialmente sangrante es el caso de la Concejalía de Cultura, que carece de plan público y abierto de subvenciones, lo que supone en este y en otros casos que la única posibilidad de un colectivo de ser financiado en sus iniciativas es ganarse el favor del concejal de turno.
4.- La carencia de una red de centros cívicos, públicos y abiertos que alberguen o faciliten las iniciativas sociales y culturales de los ciudadanos es una expresión y también una consecuencia de este particular estilo de ejercer el poder. En Cáceres se ha optado por privatizar el patrimonio público de locales para su cesión a los afines para que ejerzan de fieles cancerberos de los intereses del gobernante. En Cáceres se da la paradoja de locales inútiles o ineficientes por falta de capacidad de sus gestores para llenarlos de contenido mientras personas y colectivos carecen de espacios en los que desarrollar sus iniciativas.
5.- Todo lo anteriormente dicho se reproduce con el mundo de la cultura: carencia de infraestructuras, gestión sectaria de locales para grupos de teatro, de música y de otras expresiones artísticas, desconfianza hacia las expresiones autónomas, trabas administrativas y la apuesta por una cultura elitista y por espectáculos megalómanos, en lugar de fomentar las expresiones culturales creadas desde abajo y el tejido cultural de la ciudad.
6.-La llamada Participación Ciudadana promovida por el Ayuntamiento es en la actualidad una cáscara vacía. No existen mecanismos reales que permitan intervenir al ciudadano en la toma de decisiones públicas, no existe un dialogo real, que parta del reconocimiento del “otro” como interlocutor y portador de propuestas tan legítimas como las propias. Como consecuencia, a día de hoy los ciudadanos no podemos participar en los plenos ni en comisiones, los periodos de audiencia y alegaciones son un simple trámite, se crean Consejos meramente consultivos, que no se reúnen o que sólo lo hacen para propaganda de iniciativas del ayuntamiento o como meras correas de transmisión de los intereses del poder.
Los firmantes de este manifiesto creen necesario llamar la atención sobre esta situación, que requiere de una respuesta. No podemos permanecer impasibles ante un proceso paulatino de empobrecimiento de derechos, de actividad ciudadana, de iniciativa cultural autónoma. Por ello, ante el inicio de una campaña electoral, en la que los partidos que concurren a las elecciones apelan a la participación y a la implicación activa en la vida de la ciudad, desde la ciudadanía reclamamos un compromiso efectivo por la participación ciudadana y para que todos tengamos los mismos derechos a hacer ciudad, a participar, sin privilegios y sin obstáculos. Por todo ello, para evitar las prácticas "antipluralistas", "clientelares" y sectarias que han dominado los últimos años, exigimos una serie de compromisos mínimos a los distintos partidos que concurren a las elecciones:
- Derogación de la ordenanza de convivencia.
- Desaparición de las trabas administrativas al ejercicio de derechos ciudadanos. Sustitución de la autorización en estos casos por la comunicación (al sólo efecto de conocer la persona responsable de la organización de actividades).
- Una norma objetiva y pública para el acceso a los recursos y locales públicos.
- La creación de una red de centros cívicos y casas de cultura en los barrios abiertos a todos los colectivos y personas.
- Frente a la cultura elitista y megalómana, más promoción cultural y apoyo a los grupos locales.
- No más subvenciones a dedo. Todo el dinero público repartido con criterios objetivos.
- Elaboración consensuada con el movimiento ciudadano de instrumentos de participación real.
